Asistimos al penúltimo acto de un gobierno infame, ortodoxamente derechista, y desastroso para los intereses de la clase trabajadora. La reforma express de la Constitución pactada entre Rajoy y Zapatero para introducir un límite al déficit público no es algo baladí, sino que supone un golpe de estado constitucional, una imposición del poder político dominante al conjunto de la ciudadanía. Este acto de violencia política pone de manifiesto, una vez más, ante la opinión pública, el más que cordial entendimiento entre PP y PSOE cuando se trata de defender aquello que consideran fundamental: la política neoliberal.
A pesar de la insistente y anodina representación de falta de sintonía entre ambas formaciones políticas, resulta evidente que tanto PP como PSOE coinciden (y ahí están los diarios que registran las votaciones de cada sesión parlamentaria) cuando se trata de aplicar medidas de recorte para la clase trabajadora (aumento de impuestos indirectos, reforma del sistema de pensiones, recorte del gasto público, reforma laboral, etc.), cuando se trata de implicarnos en las guerras neocoloniales de la OTAN (ya sea en Afganistán o en Libia), cuando compiten por ver quien hace más y mejores genuflexiones delante de Ratzinger (ese nazi encubridor de pederastas) y de los representantes del Imperio (ya sea Bush u Obama) o a la hora de dar palos a los ateos y a los del 15-M.
Pues bien, ahora pretenden reformar la Constitución (sí, esa norma inalterable durante 33 largos años para la que no han querido aceptar ningún tipo de reforma) ¡en tan sólo 15 días! y sin consultar al pueblo (sólo IU ha pedido un referéndum) en el que supuestamente reside la soberanía en cualquier democracia que se precie. Una reforma que supone un ataque directo al Estado del Bienestar y a las políticas sociales y que pretende entronizar en el sagrado texto constitucional un techo para el déficit del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Con esta reforma, será la propia Constitución quien garantice por ley que la derecha gobernará indefinidamente. En el hipotético caso que accediese al gobierno un partido o coalición de izquierdas, la ley obligaría a aplicar políticas presupuestarias de carácter neoliberal. No hacerlo sería inconstitucional.
Ellos dicen que se trata de enviar un mensaje de tranquilidad y confianza a los mercados y que no entraría en vigor hasta el 2018 o 2020. Entonces, ¿por qué tanta prisa cuando están convocadas elecciones generales en las que cada partido puede presentar las propuestas que crea convenientes sobre éste u otros temas? ¿Por qué no dejar debatir y decidir a los ciudadanos? ¿Por qué nunca nos dicen la verdad? En este caso, se trata claramente de una imposición de Merkel y Sarkozy a cambio de la compra de deuda pública española por parte del BCE.
¿Dónde queda la soberanía del pueblo español si tenemos que hacer lo que dictan colectivos y organismos tan poco democráticos como los especuladores y los banqueros, las agencias de calificación, el BCE , el FMI o el Financial Times?¿Dónde queda la democracia? ¿Podemos realmente decidir algo de lo que afecta e hipoteca nuestras vidas? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar estas terribles mayorías basadas en una Ley Electoral injusta cuya reforma no se ha querido abordar ni en 15 días ni en 30 años? Hemos de desenmascararles y salir a la calle.
