martes, 13 de diciembre de 2011

En contra de los recortes y en defensa de lo público


Los sindicatos representativos de los empleados públicos del Gobierno de Castilla-La Mancha no descartan convocar una huelga general en la función pública o en toda la región si continúan "las agresiones hacia lo público", y no descartan acudir a los tribunales para reclamar los derechos de los funcionarios de la región.
   En una rueda de prensa conjunta, CCOO, UGT, CSIF, STAS-STE, SATSE, ANPE, USO, SIC-GS y SAE han pedido a los empleados públicos y a la sociedad castellano-manchega que secunden los paros y las movilizaciones que han convocado para los días 15 y 21 de diciembre, a las que no se ha unido el sindicato médico CEM.
   Concretamente, han pactado convocar paros de diez minutos en todos los centros de trabajo el día 15 de diciembre a partir de las 11.00 horas y manifestaciones en las cinco capitales de provincia y Talavera de la Reina el día 21 de diciembre a las 17.30 horas.
   Además, los sindicatos han acordado crear un grupo de trabajo que se reunirá el próximo 11 de enero para analizar la situación y continuar con las medidas de movilización si fueran necesario.
   A pesar de mostrarse dispuestos a negociar con el Gobierno regional, los sindicatos, que se han manifestado en contra de "imposiciones unilaterales", han dejado la puerta abierta a interponer un conflicto colectivo por vulneración del convenio y acudir a los tribunales por vulneración de derechos fundamentales.
   Se trata de las primeras medidas de presión adoptadas por los sindicatos representativos de los empleados públicos de la región en contra de las medidas contempladas en la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, entre las que se encuentra una bajada del sueldo de los funcionarios en un 3 por ciento y el aumento de su jornada laboral en 2,5 horas.

NO QUIEREN SER LOS "PAGANOS" DE LA CRISIS

   Los sindicatos se oponen a ser los "paganos" de la crisis y por ello se han puesto de acuerdo para "plantar cara" a las medidas anunciadas por Cospedal que, a su juicio, repercutirán en la calidad de los servicios públicos de Castilla-La Mancha y las condiciones de trabajo de los empleados públicos, cuyos salarios son la tercera vez que se tocan.
   En este marco, los sindicatos han avisado que recortar el sueldo a los funcionarios, la mayoría de ellos 'mileuristas', incidirá de forma negativa en la economía regional, y ampliar la jornada en dos horas y media, en el caso de sectores como el sanitario, supondrá la perdida de puestos de trabajo.
   Asimismo, todos han coincidido en criticar a Cospedal por privatizar algunos hospitales de la región y han advertido a la presidenta que con esta medida no creará más puestos de trabajo. También han considerado que privatizar la sanidad produce una "merma" de la prestación del servicio.

viernes, 2 de diciembre de 2011

Los diputados de Izquierda Unida renuncian al plan de pensiones del Congreso

Un hecho sin precedentes, han reconocido los propios trabajadores del Congreso de los Diputados. Los primeros parlamentarios de Izquierda Unida que han acudido a acreditarse a la Cámara Baja han renunciado al plan de pensiones con seguro de accidentes y de vida incluido, que se les ofrece como diputados.
Los primeros en hacerlo han sido el coordinador federal de la formación, Cayo Lara, y el diputado electo por Málaga, Alberto Garzón. Fuentes de IU han dejado claro que no hay una orden una orden específica en el partido para que los diputados renuncien a este seguro privado que es optativo.
Tal y como han precisado desde la federación de izquierdas, Lara y Garzón lo han hecho de forma voluntaria, aunque admiten que es probable que el resto de diputados imite al líder de IU y también lo haga.
Este plan, al que tienen derecho diputados y senadores consiste en una póliza de seguros en caso de accidentes y de fallecimiento así como un plan privado de pensiones. Cuando Lara y Garzón han acudido a acreditarse esta mañana en el Congreso, les han dado, entre toda la documentación, un formulario en el que se ofrecía este “plan de previsión social empresarial” y les han explicado que se sufraga con las aportaciones que el Congreso hace por cada diputado a una entidad financiera.
Lara y Garzón han decidido renunciar a él tal y como ha anunciado el diputado por Málaga en su cuenta de Twitter: “Rellenando datos en el Congreso. Acabamos de renunciar al plan de pensiones privado. No hay precedentes, nos dicen”.